La monografía parte de la posición de la Constitución sobre las zonas de montaña que, en su artículo 130.2, y coherentemente con el contexto normativo europeo, ordena de los poderes públicos un tratamiento especial con el fin de lograr la equiparación de las condiciones de vida de sus habitantes, reconociendo así las importantes funciones que, para el ambiente en general, representan estas regiones. La interpretación de este precepto, en su conexión sistemática con otros enunciados constitucionales, tales como la protección ambiental y del patrimonio cultural, el equilibrio interterritorial o los principios de igualdad y de solidaridad, junto a su elemento teleológico (la nivelación vital), conduce, desde un punto de vista estrictamente constitucional, a desechar todo planteamiento público de corte asistencial o sectorial.