En 1865. apenas siete años después de que el negocio petrolero se iniciara en Pennsylvania (Estados Unidos), en la provincia de Jujuy se gestaba el primer emprendimiento de este tipo en el país. Contrariamente al extraordinario crecimiento que la actividad alcanzó en aquel país, en la Argentina el impulso de aquellos pioneros fue abortado por una muralla impenetrable para la actividad privada: la propiedad pública del subsuelo y la consecuente intervención estatal. En los Estados Unidos, la posibilidad de encontrar petróleo alimentó los sueños y la acción de miles de propietarios inversores y exploradores independientes, llevando prosperidad a las zonas aparentemente más inhóspitas y desérticas. En la Argentina, nada de eso sucedió. Las instituciones heredadas de España determinaron que el subsuelo fuera propiedad del rey y luego de la nación, lo que desvaneció por completo los incentivos hacia la inversión, la toma de riesgo y la innovación tecnológica y en consecuencia anulo el crecimiento de la actividad. La mentalidad bidimensional generada por la propiedad pública del subsuelo condenó a las regiones no agropecuarias a la marginalidad y a la pobreza, y sus habitantes debieron emigrar hacia a zonas de mayor prosperidad.