La década de los años 80 ha asistido a un inédito esfuerzo por parte de los países industrializados por reforzar y ampliar el sistema internacional de la propiedad intelectual, así como para establecer "standards" aceptados universalmente. Los argumentos esgrimidos para fundar las múltiples iniciativas desplegadas en el campo multilateral, así como las presiones ejercidas unilateralmente, incluyen las pérdidas de que serían víctimas las empresas innovadoras y los beneficios eventuales de una mayor protección en términos de estímulo a la innovación, la trasferencia de tecnología y la inversión extranjera.