La problemática de la integración no se agota en los diagnósticos desde el plano económico; al contrario, el proceso institucional debe acompañar paralelamente la negociación intergubernamental. La implementación de un mecanismo de resolución de controversias deviene en uno de los pilares fundamentales para el éxito de un esquema de integración, debido a que provee la seguridad jurídica necesaria para garantizar el desarrollo de lo pactado, conforme al derecho.