Este libro se basa en la idea de que las políticas públicas deben orientarse al respeto, la protección y garantía de los derechos humanos. Por ello, acoge la propuesta de Katrina Tomasevski, ex relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho de la Educación, según la cual, la educación es un derecho de todas las personas y una obligación de los Estados, que comprendé cuatro componentes, a saber: disponibilidad, accesibilidad, permanencia y adaptabilidad. Este enfoque permite observar en qué medida el diseño y la implementación de las políticas públicas se ajustan a los postulados del derecho a la educación y cuál ha sido su contribución a su efectiva realización. Con esos elementos, los ensayos que se reúnen en este volumen analizan la política pública educativa de Bogotá, comparándola con la de otras cuatro ciudades y un país de América Latina. Este examen no sólo posibilita evaluar el ajuste de dichas políticas a los distintos componentes del derecho a la educación sino que además permite detectar buenas y malas prácticas que podrían ser implementadas y evitadas, respectivamente, por otros gobiernos locales en la región.