El nuevo estatuto de contratación adminsitrativa, ley 80 de 1993, constituye sin duda, un avance y una actualización en la forma de contratar el estado. A partir de la expedición de esta ley que está fundamentada en reglas y principios como el de transparencia, la economía, la responsabilidad, la selección objetiva, la ecuación o igualdad contractual, la autonomía de la voluntad y la tutela del interes colectivo; se hace necesario que quienes tiene la responsabilidad de contratar a nombre del estado, y quienes tiene que interpretar, valorar y juzgar estos contratos, profundicen en su estudio.