Resulta cuando menos extraño que un tema tan concreto y específico como el de las aguas minero-medicinales pueda motivar la realización de un estudio acerca de su régimen jurídico, tanto más en los momentos actuales en que, como consecuencia del cambio legislativo provocado por nuestra Constitución, aparecen multitud de nuevas cuestiones mucho más sugerentes. Ocurre, no obstante, que por una serie de razones muy concretas he tenido ocasión de enfrentarme con problemas específicos sobre esta materia y a la hora de intentar buscar algún trabajo acerca del tema me he encontrado con el vacío más absoluto. En el estado actual de nuestra doctrina, tan sólo en los tratados generales o en las monografías sobre derecho minero o de aguas, aparece alguna referencia -las más de las veces puramente rutinaria y de pasada- acerca del régimen jurídico de las aguas minero-medicinales.