Buena parte de la crisis que hoy atraviesan las Cámaras oficiales es debida a una política legislativa desordenada que ha responsido a las preciones puntuales de los intereses en juego, ha provocado contradicciones al predicar la voluntariedad de las Cámaras Agrarias frente a la defensa a ultranza de la obligatoriedad de las Cámaras de Comercio y ha producido una deformación de las categorías jurídicas al admitir la existencia de Corporaciones voluntarias. Desde el poder legislativo se insiste en mantener la obligatoriedad de las Cámaras Oficiales de Comercio, se alienta la creación de las nuevas Corporaciones y se fomenta la creación de asociaciones privadas y sociedades mercantiles. Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido vacilante.