La creciente complejidad técnica que conlleva la reducción del riesgo productivo ha propiciado una intensa colaboración de sujetos privados en la realización de las funciones que desempeñaba la Administración, de forma que hoy son sujetos privados especializados los que ejercen las funciones de inspección y certificación industrial y la fijación de los requisitos técnicos a los que han de ajustarse los productos e instalaciones industriales. No se trata aquí de la creación de entes desgajados de la Administración para gestionar descentralizadamente funciones o servicios, sino del reverso de esta tendencia: el aprovechamiento de formas puramente privadas para cumplir, a través de ellas, funciones administrativas de primera magnitud. El rasgo caracterizador de este incisivo fenómeno es que los efectos jurídicos de los actos de estos sujetos son los que se predican del ejercicio de potestades administrativas, sin perjuicio de los controles que corresponden a la Administración.