El Consejo de Europa es una de las instituciones intergubernamentales más veterana de la arquitectura europea, y desde luego la que posee un ideario más noble, anclado en el triple pilar de democracia parlamentaria, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Ideario que no sólo ha condicionado la admisión de nuevos miembros, sino que desde su creación hasta hoy ha marcado de forma indeleble la acción de la Organización, volcada fundamentalmente en la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Con tal finalidad, impulsó y propició en sus comienzos dos instrumentos generales: la Convención de Roma de 1950 —para los derechos civiles y políticos—, y la Carta Social de Turín —para los derechos económicos, sociales y culturales—. Como es bien sabido, el primer instrumento establece un procedimiento de control y garantía de naturaleza jurisdiccional; el establecido por el segundo instrumento tiene carácter intergubernamental.