Durante mucho tiempo se pensó que la corrupción sólo era un rasgo consubstancial a la política en países subdesarrollados y escasamente democráticos. Los escándalos son ya un elemento central en los grandes debates públicos en las naciones desarrolladas, generan constantes denuncias y preocupan a una opinión pública que ve cuestionados los principios de honestidad que deberían orientar la política democrática. Y no sólo por la manera en que se vulnera la confianza de los ciudadanos, sino por las dificultades con que se enfrenta la ley a la hora de castigar las prácticas fraudulentas de los políticos. De tener un carácter accidental, individual y local, los atentados contra el bien común por parte de quienes deberían representarlo han pasado a asumir una condición crónica, estructural y global.