La creciente responsabilidad de los particulares en la aplicación del sistema tributario, fruto de los principios constitucionales y la necesaria colaboración entre poderes públicos y ciudadanos para dar cumplimiento a los mismos, ha derivado también en una creciente litigiosidad entre Administración tributaria y sujetos pasivos respecto a aquellas cuestiones en las que se hace especialmente patente la tensión entre el interés recaudatorio y las garantías de los particulares.