La comisión de un delito por parte de un miembro del gobierno no sólo causa en la sociedad una conmoción política cuya importancia -y más en estos tiempos- es ocioso resaltar; también constituye una fuente de problemas jurídicos de considerable magintud, que es preciso identificar y resolver. No obstante, hasta ahora la doctrina científica española no ha estudiado con detenimiento las consecuencias jurídicas de un hecho tan singular, laguna que el presente libro constribuye a superar, afrontando, con espíritu crítico, el exámen del artículo 102 de la constitución española, norma principal de la regulación de la responsabilidad penal de los miembros de gobierno. Se trata de un análisis necesariamente complejo, en el que no se elude ninguna de las múltiples vertientes que confluyen en él, desde el derecho constitucional hasta el penal, pasando por el derecho procesal o el administrativo.