La incorporación de España a las Comunidades Europeas impuso la obligación de modernizar el Derecho de patentes. Para evitar la instauración súbita de un sistema de patentes que perjudicara de modo irreversible a la industria química y farmacéutica nacional se previó un aplazamiento de la regulación en las disposiciones transitorias de la Ley de Patentes. Asimismo, España se acogió a la reserva prevista en el Convenio de Munich a fin de impedir que las patentes europeas que tuvieran por objeto un producto químico o farmacéutico y que designaran a España en el periodo 1986-1992 pudieran tener efecto en su territorio.