La cuestión de las inmunidades estatales (de jurisdicción y de ejecución) ante los tribunales españoles. ha sido bastante desconocida en nuestra jurisprudencia como consecuencia de una etapa ya superada de aislacionismo internacional. El artículo 21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha introducido formalmente en nuestro Derecho esta excepción, lo que justifica la necesidad de perfilar su contenido, alcance y límites. En efecto, el resultado material de la práctica de los tribunales españoles es aún confuso y contraindicatorio, cuando no señaladamente incorrecto, ya que el citado precepto de la LOPI remite al Derecho Internacional, sin que hasta el momento haya sido objeto de desarrollos ulteriores.