La posibilidad reconocida a la administración tributaria de investigar las cuentas y operaciones que las entidades bancarias realicen con sus clientes constituye uno de los rasgos más acusados del actual proceso de reforma tributaria. Pero el desarrollo normativo y la aplicación de la práctica de esta facultad de la administración han dado lugar a una interesante polémica, como lo atestigua el debate doctrinal y las sucesivas sentencias de los tribunales sobre la materia.