Por muchas peculiaridades que el llamado derecho minero pueda ofrecernos -entendiendo por éste "el conjunto de normas de derecho objetivo que establecen el régimen jurídico para el uso y aprovechamiento de los recursos o sustancias minerales", en base, entre otras razones, a la naturaleza jurídica de su objeto, su importancia para la economía nacional, su calificación de recurso no renovable y agotable, las específicas características de los trabajos, técnica minera para su extracción, etc...-, el mismo no puede ser considerado como constitutivo de un derecho autónomo, sino como una legislación específica cuya mayor parte se encuentra dentro del Derecho público administrativo.