La instauración de un nuevo orden constitucional significa la transformación de las formas y cometidos de la intervención pública en la economía, proceso acrecentado con la incorporación a la CEE. El presente trabajo traza los rasgos esenciales de la relación administración-empresas en un marco institucional caracterizado por el gobierno público de la economía y la libertad de empresa en una economía de mercado. La instrumentación jurídica de la política de reconversión industrial presenta las notas que singularizan el quehacer de los poderes públicos en la economía: dirección pública del proceso mediante un conjunto de procedimientos -no siempre formalizados-, participación de los interesados en el proceso de toma de decisiones, flexibilidad y antiformalismo en la intervención pública, intercambiabilidad de las técnicas y formas d actuación y paridad de trato entre empresas públicas y privadas. En este sentido la política de reconversión constituye un campo de gran interés para los juristas, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, puesto que ilustra perfectamente el modus operandide la administración en la economía.