En la actualidad ya no se puede hablar de la actividad de las Administraciones Públicas, ni en general de las actividades consideradas como propias de profesionales del Derecho realizadas en el marco de acción propio de instituciones jurídicas, sin atender a que en todas ellas quienes las efectúan utilizan como instrumento auxiliar para su puesta en realidad las tecnologías de la información y la comunicación, y que este uso confiere a las actividades particularidades y características distintas a las que les daba su puesta en acción en un entorno basado en el uso de documentos recogidos en formato papel.