La Constitución española de 1978 ha supuesto, según han señalado algunos autores, si no la creación del Derecho Eclesiástico español como disciplina (1), sí -al menos- la aparición de una legislación eclesiástica en España. Todo ello atrae especialmente el interés del estudioso no tanto hacia el análisis de las grandes cuestiones conceptuales o metodológicas de la disciplina, como hacia el estudio de la nueva legislación española y, sobre todo, la configuración del derecho de libertad religiosa en el ordenamiento jurídico vigente en España, para lo cual es necesario determinar el alcance tanto de su reconocimiento y garantía, cuanto de su eficacia jurídica vertical y horizontal.