A partir de la redacción que la Lay 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, da al art. 52 L.G.T. el autor, desde una perspectiva esencialmente práctica y sobre la base de un selecto caudal jurisprudencial, toma posición con respecto a una serie de delicadas cuestiones que suscita la tasación pericial contradictoria en materia tributaria. Por vía de ejemplo, aquél se pregunta por el ámbito de aplicación de tpc en el marco del sistema tributario español (con especial referencia a los valores catastrales o al valor de las operaciones entre sociedades vinculadas); por el juego de la misma con las reclamaciones económico-administrativas; por la posibilidad de promoverla eb casos tales como actas firmadas en conformidad; por las personas legitimadas para hacerlo (especialmente el tercero que paga una deuda tributaria ajena); por la interpretación de los plazos de preclusión a la luz de la Ley 30/1992 o por los problemas que suscita la tpc en los casos de comprobación de valores de bienes de titularidad proindivisa.