La cuestión es el hecho de que aun nuestros jueces del siglo XIX no condenarán al Estado como responsable de sus equívocos porque no había legislación que les responsabilizaran y estableciera un tribunal para juzgarles, pero no porque, en ese entonces, los jueces no se equivocaran. ¿Cómo es que, ante la ineficiencia en la respuesta pública de la administración de justicia, resultase suficiente la perspectiva del contrato de transacción en el Código Civil como sistema judicial acogido y difusamente regulado, sin que se hable de la responsabilidad específica de sus integrantes en aspectos de la responsabilidad estatal por las actuaciones de dichos particulares encargados de juzgar?

LUIS EDUARDO MONTOYA MEDINA