La organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas ha supuesto la introducción de trascendentes factores que innovan la integración del ordenamiento jurídico. De modo que el estudio de cualquier parcela jurídica debe hacerse desde la perspectiva constitucional, particularmente cuando, como en el caso de los montes, su regulación deja de ser monopolio estatal para pasar a estar compartida con los entes autonómicos. Teniendo en cuenta que el núcleo de la legislación forestal vigente es preconstitucional, resulta ineludible que toda aproximación a su conocimiento exija su integración en esta nueva realidad.