La Constitución española de 1978 recoge, en su Título I, una serie de derechos y libertades que tienen el rango de fundamentales. A su vez, el artículo 10.2 del mismo texto constitucional establece que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España".