El incremento de situaciones de insolvencia patrimonial ha tenido, entre otras, dos consecuencias: la primera, la apertura de un proceso (todavía sin concluir) de creación de nuevos privilegios crediticios. La segunda derivación ha consistido en el mayor uso, y en algunos casos el abuso, de los privilegios ya existentes. Una muestra de esto último la ofrece el añejo privilegio refaccionario, que, habiendo permanecido durante años como un convidado de piedra del sistema de prelación de créditos, ha sido rescatado del olvido, primero por la doctrina y más tarde por la jurisprudencia.