Es un hecho contrastado cómo las actividades industriales nunca han sido ajenas, en uno u otro aspecto, a la intervención de la Administración Pública. Así, uno de los ordenamientos sectoriales que en los últimos años ha protagonizado de forma más destacada e intensa esta intervención es el referido al medio ambiente y los recursos naturales. La Constitución de 1978 ha supuestom en consonancia con las políticas medioambientales europeas, un cambio sustancial de estos criterios de intervención, al incorporar nuevas posibilidades de articulación entre los diferentes intereses en conflicto (desarrollo industrial y protección del medio ambiente).