Acaban de cumplirse diez años, el 1 de enero de 1996, desde nuestro ingreso efectivo en la Comunidad Económica Europea. Una de las dificultades principales encontradas por los juristas españoles y por las empresas que deben aplicar el Ordenamiento Jurídico Comunitario, es la dificultad de acceso y conocimiento del Derecho comunitario. Aun cuando tanto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como los Tribunales internos españoles han proclamado la aplicación directa y el efecto directo de algunas normas comunitarias como derivaciones inmediatas del principio de primacía del Derecho Comunitario, la difusión del mismo, salvo en medios muy especializados, es escasa. Situación que es agravada por el retraso en el que se conocen, en su versión en castellano las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.