La constitucionalización del estado social, así como la incorporación a la carta magna del principio de igualdad material y de los llamados derechos sociales, han roto con todos los cimientos jurídicos en que se asentaba la tradicional actividad pública de beneficiencia y asistencia social, exigiendo la construcción ex novo de todo el ordenamiento jurídico regulador de lo que hoy se viene denominando como acción social pública y que consiste en la asunción pública de atreas asistenciales y prestaciones dirigidas a la generalidad de los ciudadanos y, en especial, a los marginados, que les asegure una vida digna.