El trabajo y la inserción sociolaboral son un derecho de ciudadania. Las acciones de formación y promoción de empleo deben restituir la autonomía y los derechos de las personas desempleadas. No basta mejorar el acceso al mercado de trabajo. Es preciso, además, ayudarles a encontrar razones y voluntad de vivir, potenciando su dignidad y la cultura de la solidaridad.