Tanto la idea de la autonomía del profesorado como la de su profesionalidad se han convertido en expresiones habituales en los discursos pedagógicos, pero normalmente su uso no refleja una claridad respecto a su significado. Son, más bien, conceptos con bastante aceptación que pueden servir para encubrir pretensiones poco claras o incluso, dependiendo de quien los use, intereses contrapuestos. La autonomía profesional puede ser interpretada como una demanda de los enseñantes para conseguir mayores cotas de independencia en sus decisiones, menos control burocrático por parte de las administraciones públicas; pero también, y casi con los mismos argumentos, puede usarse para reclamar una menor intervención de las familias y de la sociedad en general, en un asunto que deben resolver los profesionales. Por otro lado, valiéndose de esta misma expresión, los poderes públicos están renunciando a asumir responsabilidades políticas en educación, traspasándolas a los docentes, quienes, desde su individualidad y desde sus centros aislados, deben dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado y a los intereses (variados, pero también desiguales) de las familias.