Los múltiples usos -alternativos o simultáneos- de los cursos de agua, los efectos de dichos usos sobre la cantidad y la calidad de las aguas, la existencia de una pluralidad de usuarios y los potenciales conflictos de intereses entre los mismos, constituyen los presupuestos básicos para la reglamentación jurídica de los usos de los cursos de agua. En la medida en que al trazado de los cursos de agua se superpone una división de los territorios estatales mediante fronteras, los conflictos entre usuarios se situán en una perspectiva. Este ha sido el fundamento tradicional de las normas jurídicas internacionales en la materia, desarrolladas por una larga y amplia práctica estatal, y conectadas en un principio con la calificación como internacional de todo río, lago o canal fluvial que atraviese una frontera o constituya una frontera entre dos o más Estados.