En otros países del mundo, la promoción de procedimientos penales en contra de altos funcionarios públicos es un hecho factible. En México este escenario pareciera sólo posible cuando se busca eliminar a enemigos políticos. Más allá de aquellos ajusticiamientos desde el poder y a título personal, bajo nuestro régimen actual, los funcionarios de cualquier jerarquía pueden utilizar su influencia para detener una investigación que ponga en riesgo sus intereses.