Los ayuntamientos hemos venido reclamando, desde el comiezo de la andadura democrática, un mayor protagonismo en la aplicación de todas aquellas políticas que tengan que ver con la formación, el empleo y la reinserción social de los jóvenes, con el propósito de colaborar en la solución de los graves problemas que se derivan del desarraigo, y en casos del fracaso escolar, de un importante colectivo de jóvenes con escasas posibilidades de incorporarse al sistema productivo.