La industria petrolera nacional, ha sufrido, en estos últimos años, un vuelco total, ya que al no existir normas legales de fondo actualizadas, que reflejen la situación de la industria en la que, dos o tres empresas multinacionales, cubren todos sus aspectos, y también al estar Y.P.F., legal y prácticamente ausente, han desaparecido de hecho, los medios de hacer efectiva la defensa de los precios de los combustibles, el estudio de la reservas hidrocarburíferas, el control de la competencia en la etapa de comercialización, etc., sin el debido contralor del Estado concedente, nacional y/o provincial, todo ello, sin perjuicio de los conflictos vinculados con el pago de las regalías y demás aportes de ley, ya sea, para la Nación y/o los Estados provinciales. Vale la pena, en consecuencia, por tanto, explicar a las generaciones presentes y futuras, aunque ya hay muchas que las conocen, las razones políticas, económicas que han detenido el tratamiento de una ley, que discutida, tratada y votada, con el equilibrio indispensable, hubiera solucionado y permitido en este momento álgido de la historia del país, resolver uno de sus problemas fundamentales, con justicia y equidad, dando a cada una de las partes, lo que corresponde en derecho.