La "Constitución" de 1978 innova profundamente el tratamiento del fenómeno religioso por el Derecho español. La quiebra de la confesionalidad del Estado abre paso a un sistema jurídico nuevo que se fundamenta en la "libertad ideológica y religiosa" y en la "igualdad y no discriminación". De estas bases surge, con limíte en la "laicidad" del Estado, el principio de "cooperación" con las confesiones religiosas.