El estudio del Derecho comunitario, y particularmente del Derecho comunitario en materia inmobiliaria, debe ir precedido de unas notas introductorias sobre el origen y funcionamiento de la Comunidad Económica Europea (hoy Comunidad Europea) como entidad supranacional generadora de normas jurídicas, en sentido estricto. Esto es, de normas capaces de crear derechos y obligaciones para los Estados y los ciudadanos comunitarios. La razón de este planteamiento se fundamenta en sí misma. Y decimos que se fundamenta en sí misma porque la importante novedad que aporta la constitución de las Comunidades Europeas al Derecho internacional clásico es su instauración "artificial" o política. A diferencia de la formación de los distintos Estados soberanos, tal y como hoy se reconocen, y de los Tratados que entre ellos subscriben para regular sus relaciones exteriores, las Comunidades Europeas no suponen ni el establecimiento de una Confederación, ni de un Federación de Estados, ni un Estado unitario, ni tampoco una organización internacional "sensu stricto". Y si a estas nociones jurídico-políticas se acerca con ninguna se identifica. Así pues, los conceptos previos no se incardinan en ningún molde preconcebido. Causa ésta por la que la exposición doctrinal de la nueva relaidad jurídica, que las Comunidades Europeas comportan, carece de remotos orígenes históricos, y se centran en los propios Tratados institutivos de las mismas. Ahora bien, como veremos, ello no quiere decir que no se pueden aventurar algunos precedentes históticos de está situación, dentro, incluso, de nuestro propio Derecho, Pero veamos, antes, cuáles son las notas características de su organización y funcionamiento: 1.ª Pluralidad de Comunidades. 2.ª Ausencia de "división de poderes". 3.ª Autodefinición de competencias. Y 4.ª Integración sucesiva.