En el mundo contemporáneo la masiva participación de las entidades y compañías en los tráficos económicos y jurídico lleva a no pocos sistemas a cuestionar el tradicional principio Societas delinquere non potest. Esto genera la necesidad de articulación y/o adaptación de las correspondientes categorías conceptuales que aseguren el respeto, también para las personas jurídicas, de las garantías procesales y sustantivas que han de regir la exigencia de responsabilidad penal.

La acomodación de las categorías tradicionales del delito a esta nueva realidad no constituye el único desafío político-criminal en este mundo cada vez más globalizado, donde las prioridades son marcadas, en no pocos ámbitos, desde las agencias supranacionales de carácter mundial o regional, como en la Unión Europea. Este es el caso del tráfico y trata de seres humanos, la delincuencia organizada y la cibercriminalidad, cuestiones penales y criminológicas de la mayor actualidad que requieren para su apropiado abordaje una intensa cooperación internacional; lo mismo sucede con la inaplazable protección penal de los más graves atentados contra el medio ambiente.