Lo característico de la sociología del Derecho, frente a la jurisprudencia dogmática, es que no se encuentra obligada a servir de preparación para una actividad judicatoria inmediata. Tan pronto se elimina esa presión, es posible pasar a la investigación de estadísticas, al manejo de cifras, a su tabulación y operaciones análogas. Tan pronto se presta atención, no solo a lo que sucede en el tribunal, sino también a la frecuencia en que las cosas se producen allí, el interés se desplaza hacia los tribunales inferiores y a los organismos, situados fuera de la órbita del poder judicial, que cumplen funciones paralelas en lo que hace a la administración de justicia y la solución de conflictos. Toda vez que haya de explicarse el comportamiento de los jueces, de los funcionarios públicos o de los ciudadanos comunes, parece arbitrario limitar la atención a aquellas influencias que son normativamente importantes. El funcionamiento de intereses, pasiones y prejuicios se convierte así en preocupación legítima de la investigación jurídica.

El juez es el personaje que atrae principalmente la atención en cuanto órgano de decisión, y ello, por varias razones. Pero de pronto, cuenta con la facultad de poner en juego el recurso último a la nuda fuerza que la sociedad mantiene reservado como recurso para mantener el orden y controlar los comportamientos desviados. Además, sus sentencias están sujetas al examen público, debiendo formular expresamente sus funciones.

Este enfoque plantea en una forma nueva la cuestión de la relación entre el Derecho y la sociología, como problema de las interrelaciones entre dos profesiones. La relación no ha sido hasta ahora demasiado estrecha, y cuando el acercamiento se produce, muy a menudo surge una susceptibilidad derivada de una cierta ambivalencia en los fundamentos de la relación.

Vilhelm Aubert