Descripción de la obra
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Las
investigaciones que se ocupan del problema funcional de la Administración de
justicia se pueden distinguir las que lo consideran desde el punto de vista
organizativo, de aquellas que lo consideran desde un punto de vista
predominantemente económico. Sin embargo, tanto las unas como las otras han
entendido siempre la crisis de la justicia como crisis del funcionamiento del
aparato judicial y, más exactamente, como crisis de un aparato que resulta no
estar ya en situación de satisfacer las demandas crecientes y las exigencias
apremiantes de nuestra sociedad en transformación.
En el ámbito del problema funcional, las
investigaciones que consideran a la Administración de justicia desde el punto de
vista económico-social, así como las que lo hacen desde el punto de vista
organizativo, consideran la crisis de la justicia esencialmente como crisis de
funcionamiento del aparato judicial, y se dirigen fundamentalmente a determinar
la eficiencia y la eficacia del aparato judicial.
En la
investigación sobre las actitudes de los jueces hacia la estructura de clase,
ha constatado ante todo que, entre los jueces, así como entre todos aquellos
que ocupan posiciones sociales superiores, se manifiesta el más bajo porcentaje
de aquellas «orientaciones dicotómicas» a las que suele, por lo general,
atribuirse el significado de una visión conflictiva de la estructura de clase,
en el sentido clásico del término, y se manifiesta también, por consiguiente,
el más bajo nivel de visión del problema desde la categoría «clase social». Ha
destacado además que entre los jueces, al igual que entre otras personas
colocadas en posiciones superiores, se manifiesta un optimismo acerca del
futuro de las diferencias sociales, que no es compartido en la misma medida por
el resto de la población; se trata de un optimismo que tiende a considerar la
actual estructura de clase más como un continuum de estratos adyacentes que
como una contraposición de clases antagónicas.
El
problema ideológico de la
Administración de justicia, entendido como el problema de los
valores políticos y sociales que inspiran a los magistrados en sus decisiones,
y les conducen a tomar posición sobre instituciones y conductas delictivas
particularmente significativas, ha sido objeto de dos investigaciones
distintas: una de carácter fundamentalmente histórico, centrada en los
problemas de la huelga y de los conflictos de trabajo, y otra de carácter
fundamentalmente sociológico, dirigida no solo al estudio de estos problemas,
sino también de otros referentes al derecho de familia, al derecho penal y al
sistema legislativo considerado en su conjunto.