La recogida, registro y conservación de información sobre la identidad de las personas o sobre circunstancias que conforman su vida y entorno personal no es algo nuevo o que se haya originado con la informática. Por definición, toda decisión, cualquiera que sea, requiere información. Si la decisión de que se trate favorece a la persona a la que deba afectar, es natural que la persona dé voluntariamente la información en que la decisión deba fundarse. Es el caso de una subvención, una licencia de armas, de caza o pesca, un permiso de conducir, un contrato, un crédito, un seguro. A veces la existencia de una información en un registro es condición para que una persona pueda acreditar su identidad de modo fehaciente —certificados de nacimiento, documento nacional de identidad, pasaporte—, así como la titularidad de una finca o de un vehículo. Por ello, en la mayoría de los casos el registro de la información ha de ser permanente. La dación de la información es, por ello, normalmente voluntaria, en la medida en que es condición para obtener un beneficio o ventaja, cualquiera que sea su naturaleza. En algunos casos la información no se da voluntariamente, sino en cumplimiento de un deber jurídico o de una obligación legal, como es el caso de los datos de trascendencia fiscal. Sea cual sea la motivación en cada caso, lo cierto es que, a sabiendas o no, toda persona figura en un promedio de un centenar de ficheros, archivos o registros, libros de nacimiento del Registro Civil, registros parroquiales, expedientes escolares, documento nacional de identidad, pasaportes, expedientes escolares, historias clínicas, Cajas de recluta, padrón de habitantes, ficheros de electores, cuentas bancarias, Seguridad Social, seguros diversos, tarjetas de crédito, ficheros de clientes, etc.