La elaboración de un nuevo código penal, en el marco democrático establecido por la constitución de 1978, ha sido demandada reiteradamente en la última década y, con práctica unanimidad, por la doctrina científica española. La sociedad y, con particular intensidad, los partidos políticos han atendido y respaldado estas propuestas de modificación normativa y, así, en este período de tiempo, el código ha visto paulatinamente modificada su fisonomía, a través de las sucesivas reformas parciales y de la redacción de dos textos alternativos de código punitivo: el proyecto de código penal de 1980 y la propuesta de nuevo código penal de 1983.